El Congreso de la República atraviesa una prolongada parálisis. Este lunes, los jefes de bloque sumaron otro día sin actividades, ya que el presidente del Legislativo, Nery Ramos, no convocó a la tradicional reunión semanal que se realiza los lunes. La ausencia de esta cita impidió programar sesiones plenarias, y con ello se acumulan ya cuatro semanas consecutivas sin que el pleno se reúna.
La última sesión legislativa tuvo lugar el pasado 27 de marzo, apenas dos días después de que la Junta Directiva anunciara públicamente la suspensión del incremento salarial aprobado en febrero para los diputados. Sin embargo, la medida no ha sido ratificada por el pleno, por lo que el aumento sigue vigente y los congresistas continúan recibiendo el ajuste salarial.
La falta de actividad legislativa comenzó antes del receso por Semana Santa y se ha prolongado por diferencias internas. La reunión de jefes de bloque fue reprogramada para el martes, lo que abre la posibilidad de que haya una sesión el jueves. No obstante, esta sería destinada únicamente a interpelaciones.
El Congreso no ha logrado estabilizarse desde que inició el segundo año legislativo. Un ejemplo de ello es la división interna del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), que forma parte de la Junta Directiva. En su momento, la confrontación entre diputados del bloque y la primera secretaria, Karina Paz, derivó en un conflicto político y legal que paralizó actividades por semanas.
Ramos declaró independientes a tres diputados —Jairo Flores, Orlando Blanco y José Chic— tras recibir una carta del secretario general del partido. Aunque inicialmente obtuvieron un amparo para seguir formando parte de VOS, la Corte de Constitucionalidad revocó esa protección en una resolución reciente, dejando en el limbo su pertenencia al bloque.
Actualmente, la falta de consenso en torno a la suspensión del aumento salarial parece ser el principal motivo detrás de la inactividad. Fuentes legislativas señalan que varias bancadas se resisten a abordar el tema, lo que ha llevado a que muchos jefes de bloque se ausenten de las últimas convocatorias realizadas por Ramos.
El pasado 25 de marzo, la Junta Directiva anunció la suspensión del aumento. Sin embargo, dos días después, un dictamen jurídico del Congreso advirtió que solo el pleno tiene la autoridad para revocar ese tipo de decisiones. Dado que no se ha sesionado desde entonces, la medida sigue sin efecto.
Según cálculos de legisladores consultados, el próximo desembolso salarial, que aún incluiría el aumento, podría realizarse a finales de esta semana. Actualmente, los sueldos de los diputados oscilan entre Q61,300 y Q97,300 mensuales, de acuerdo con las nóminas del Congreso.
La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó otorgar un amparo provisional al excandidato presidencial Armando Castillo, quien solicitó frenar el incremento salarial. La resolución señala que el Congreso tiene autonomía financiera, por lo que cualquier modificación debe pasar por el pleno legislativo.
Mientras tanto, la Corte analiza otros recursos, como los promovidos por Acción Ciudadana, organización que impugnó las actas donde se aprobó el aumento y la instrucción para ejecutar el pago. En su agenda publicada para el 28 de abril, figuraban 38 expedientes, entre ellos los relacionados al tema salarial, aunque por la tarde la publicación fue retirada del portal oficial.
Desde noviembre del año pasado, cuando se aprobó el aumento, la CC no ha emitido una resolución definitiva que lo frene.
Organizaciones civiles como el Movimiento Cívico Nacional (MCN) exigen al Congreso que retome sus funciones de forma urgente y transparente. “Es evidente la estrategia de retrasar el período ordinario para evitar sesionar”, señaló Christa Walters, integrante del MCN, quien recordó que entregaron 5 mil firmas ciudadanas solicitando cancelar el aumento.
“Esperamos que el Congreso vuelva al trabajo con un verdadero compromiso por la transparencia y una agenda que responda a las necesidades del país”, expresó Walters.
Además del tema salarial, el MCN urge que se retomen otras prioridades legislativas, como el dictamen pendiente de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp). “El período de sesiones ordinarias está por concluir, y sería inadmisible que semanas cruciales se desperdicien. La ciudadanía espera un análisis serio del dictamen elaborado el año pasado”, concluyó.
Fuente: Prensa Libre