Política
Los diputados Julio Huerta Gómez y Rafael Micalco Méndez hicieron un llamado al alcalde de Tehuacán, Alejandro Barroso, para que su administración se ajuste plenamente al marco legal vigente, tanto a nivel federal como estatal. Subrayaron que los presidentes municipales deben actuar con responsabilidad y conforme a la ley.
Julio Huerta, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso de Puebla, recordó que desde la toma de protesta el 15 de octubre, los ediles están obligados a cumplir con la Constitución y la Ley Orgánica Municipal. Advirtió que apartarse de estos principios puede tener consecuencias jurídicas, incluyendo sanciones administrativas, civiles o penales.
El legislador insistió en que la legalidad debe guiar todas las decisiones municipales, a fin de garantizar gobiernos eficientes y respetuosos del Estado de Derecho.
Por su parte, Rafael Micalco, diputado por el PAN, señaló que la figura de “primer regidor” que ha sido mencionada en el Ayuntamiento de Tehuacán carece de sustento legal. Explicó que este término es utilizado únicamente durante el registro de planillas electorales, pero no tiene reconocimiento en la legislación estatal ni federal, por lo que su uso dentro del cabildo sería inconstitucional.
Micalco también reiteró su exhorto a las autoridades locales para que se resuelvan los casos pendientes de trabajadores despedidos injustificadamente. Indicó que desde 2021 varios empleados municipales han sido separados de sus cargos sin causa legal y sin recibir su liquidación correspondiente, lo que ha derivado en demandas laborales no resueltas.
El legislador expresó su preocupación ante el uso indebido del poder en algunos municipios, donde se han registrado decisiones arbitrarias como la suspensión de pagos a regidores sin fundamento legal o la imposición de horarios de trabajo no previstos en la normativa. Señaló que estas prácticas vulneran derechos laborales y generan un clima de inestabilidad en la administración pública.
Finalmente, ambos diputados coincidieron en la necesidad de que los ayuntamientos actúen con estricto apego a la ley para evitar afectaciones a la gobernabilidad y a los derechos de los trabajadores.
Fuente: El Ciudadano