La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió este sábado la deportación de varios venezolanos presuntamente vinculados a pandillas, que se encontraban en un centro de detención en Texas, hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Esta medida fue tomada en respuesta a una apelación presentada por defensores de derechos humanos, quienes cuestionan la legalidad de la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada por la administración de Donald Trump para justificar la deportación de los migrantes bajo el argumento de que formaban parte de la banda Tren de Aragua.
Este controversial uso de una ley que había estado inactiva desde las guerras del siglo XIX y las dos guerras mundiales del XX, ha sido criticado por organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), que destacó que los detenidos en Texas no solo corrían el riesgo de ser enviados a una prisión extranjera sin juicio previo, sino que además no habían tenido la oportunidad de impugnar su deportación ante un tribunal. La ACLU expresó su alivio tras la decisión de la Corte Suprema, señalando que la medida había evitado que los migrantes fueran deportados sin proceso legal.
La administración Trump defendió su acción, alegando que la Ley de Enemigos Extranjeros debía aplicarse para deportar a personas que se consideran terroristas o vinculadas a actividades criminales, como los presuntos miembros del Tren de Aragua. Sin embargo, el gobierno también solicitó que, incluso si se bloqueaba el uso de esta ley, la Corte autorizara la deportación bajo otras normativas legales.
Este fallo de la Corte Suprema se produce tras una serie de desafíos judiciales que han surgido a raíz de las políticas migratorias del gobierno de Trump. En una decisión similar la semana pasada, la Corte ordenó que un migrante salvadoreño, quien había sido deportado erróneamente, fuera regresado a EE. UU. después de ser encarcelado en El Salvador bajo la misma legislación.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, donde se encuentran los migrantes deportados, es considerado uno de los penales más grandes de Latinoamérica, con capacidad para 40,000 reclusos, y ha sido objeto de críticas por sus condiciones de hacinamiento y falta de servicios adecuados.
La administración Trump, por su parte, ha continuado defendiendo su enfoque en la lucha contra el crimen transnacional, mientras que sus críticos siguen cuestionando la legalidad y humanidad de sus políticas migratorias.
Fuente: SWI