La reciente reforma al Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar consolida el dominio total del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Especialistas consultados advierten que esta medida es la culminación de un prolongado proceso de debilitamiento institucional que ha erosionado la autonomía del Ejército.
El Ejecutivo modificó 54 de los 100 artículos del Código Militar, además de cuatro epígrafes, en lo que representa, en la práctica, una reestructuración total de la normativa. La magnitud de los cambios se evidencia en la decisión de publicar el texto completo del nuevo Código, un procedimiento reservado para reformas de gran calado que alteran significativamente la estructura original.
Aunque la reforma actual oficializa el control absoluto del régimen sobre la institución castrense, expertos recuerdan que el debilitamiento del Ejército comenzó hace una década, cuando el propio gobierno de Ortega aprobó el Código vigente en 2014.
"Casi todo lo que vemos ahora ya estaba incorporado en la reforma de 2014. Lo que sucede es que en el contexto actual adquiere mayor relevancia", señala un analista que prefirió el anonimato. "Fue grave en aquel momento y lo sigue siendo hoy, pues refuerza el autoritarismo y la falta de controles sobre el poder presidencial".
Otro experto consultado señala que si bien la reforma formaliza el poder de Ortega y Murillo sobre el Ejército, el control de la vicepresidenta sobre la estructura militar no comienza con esta modificación legal.
"Más allá del Código, lo que debe preocupar es el uso que harán de las fuerzas de reserva. Se está enviando el mensaje de que el Ejército contará con hasta 70 mil reservistas adicionales, como una versión ampliada de los antiguos policías voluntarios. Esto tiene un claro objetivo de intimidación contra la población", explica el especialista.
El opositor Héctor Mairena advierte que la reforma facilitará la injerencia de Murillo en los ascensos y estructuras del Ejército. "No me cabe duda de que intentará manipular los nombramientos y las líneas de sucesión dentro de la institución. Esto puede generar malestar en los altos mandos militares, que hasta ahora han mantenido sus propias dinámicas internas", afirma.
Un análisis comparativo del nuevo Código Militar revela que la Presidencia —encabezada por Ortega y Murillo— asume un control absoluto sobre la estructura de mando de las Fuerzas Armadas. Se eliminan los últimos vestigios de autonomía institucional y se refuerza la subordinación directa de los militares al Ejecutivo.
El artículo 2 del nuevo Código establece que el Ejército debe "apoyar" a la Policía cuando "la estabilidad de la República lo requiera y lo ordene la Presidencia y jefatura suprema del Ejército". Anteriormente, esta competencia recaía en el presidente en Consejo de Ministros, lo que al menos ofrecía una apariencia de deliberación colectiva.
Además, la Presidencia asume la facultad de nombrar y remover al comandante en jefe del Ejército. Aunque la propuesta debe surgir del Consejo Militar, la destitución puede ser decidida unilateralmente por el Ejecutivo en casos de "insubordinación, desobediencia u otros motivos", sin necesidad de justificación adicional.
Entre otras atribuciones, la reforma permite a la Presidencia:
- Ordenar acciones militares ante "agresiones externas" sin necesidad de aprobación legislativa.
- Autorizar el despliegue del Ejército para colaborar con la Policía Nacional.
- Definir las estrategias de defensa y seguridad nacional.
- Controlar el presupuesto militar y las movilizaciones de tropas.
- Supervisar el Estado Mayor de la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Desastres (CODE).
- Encabezar el Comité Nacional del Sistema de Prevención y Atención de Desastres, desde donde se establecerán políticas en inteligencia artificial, telecomunicaciones y control del espectro radioeléctrico.
"Lo que se puede esperar es que hagan con el Ejército lo mismo que ya han hecho con la Policía: depuraciones, reestructuraciones y un control más férreo sobre los oficiales y sus familias", advierte la excomandante guerrillera Dora María Téllez.
La reforma del Código Militar está alineada con la nueva Constitución impuesta por el régimen, la cual ha transformado el modelo de Estado para consolidar el poder de Ortega y Murillo.
La nueva Carta Magna redefine el papel del Ejército, eliminando su carácter apolítico y apartidario. En lugar de una institución profesional y no deliberante, ahora se le describe como "heredero del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua del General Augusto C. Sandino y del Ejército Popular Sandinista", dejando de lado cualquier referencia a la independencia militar.
"Esta reestructuración legal confirma lo que ya era evidente: el Ejército ha dejado de ser una institución con autonomía para convertirse en un brazo ejecutor del régimen. No es una reforma administrativa, es un paso más en la consolidación de una dictadura con control absoluto sobre todos los poderes", concluye un analista.
Con esta reforma, Ortega y Murillo no solo refuerzan su dominio sobre el Ejército, sino que eliminan cualquier posibilidad de resistencia institucional, asegurando que la cúpula militar permanezca subordinada sin fisuras a sus designios políticos.
Fuente: La Prensa