Más de 4 mil aspirantes que participarán en la próxima elección judicial deberán ajustarse a un tope de gastos de campaña de 220 mil 326 pesos. Este presupuesto, según lo estipulado por el Instituto Nacional Electoral (INE), deberá ser debidamente justificado con documentación ante la Unidad Técnica de Fiscalización.
El monto autorizado está destinado exclusivamente a cubrir necesidades personales, viáticos y traslados de los candidatos. A diferencia de los procesos electorales tradicionales, en los que los partidos políticos suelen recibir financiamiento público, esta elección no contempla recursos de origen estatal para los postulantes. Además, se imponen restricciones estrictas, como la prohibición de contratar espacios publicitarios para propaganda electoral.
Asimismo, los candidatos no podrán adquirir encuestas ni estudios de opinión y, en su lugar, se limitarán a distribuir mensajes impresos en papel reciclado. En este marco, partidos políticos y servidores públicos tienen prohibido realizar actos de proselitismo o pronunciarse a favor o en contra de cualquier candidatura.
La campaña dará inicio el 30 de marzo y se extenderá por 60 días, sin considerar una fase de precampaña. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, el INE prevé establecer el mismo límite de gasto para todos los candidatos, sin importar el cargo por el que compitan, alineándose así con el tope de financiamiento permitido para aspirantes independientes en elecciones convencionales.
Para la promoción de sus candidaturas, los participantes podrán recurrir a redes sociales y medios digitales, siempre que no impliquen gastos destinados a potenciar sus contenidos. También podrán participar en entrevistas periodísticas y foros de debate organizados por entidades públicas, privadas o sociales, siempre que se garanticen condiciones de equidad.
En caso de detectar irregularidades en el uso de los recursos, las sanciones podrán variar desde una amonestación pública hasta multas de hasta 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En situaciones más graves, como la recepción indebida de financiamiento público o privado o la asistencia a eventos partidistas, se podría llegar a la cancelación del registro de la candidatura, según lo determine el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Debido a que la normativa vigente para esta elección judicial no contempla una sanción específica para quienes excedan el tope de gastos, se prevé que el Tribunal Electoral emita un criterio sobre las posibles consecuencias de esta infracción, al considerar que atenta contra el principio de equidad en la contienda. El anteproyecto que define estas disposiciones será sometido a revisión esta semana por la Comisión de Fiscalización del INE, para posteriormente ser discutido por el Consejo General del organismo.
Fuente: La Jornada